A fecha de hoy, es imposible no pensar en ese “futuro cercano” que nos hace reflexionar a todos los trabajadores y empresarios, en nuestra futura pensión de jubilación y si se mantendrá hasta esa fecha, el Estado de Bienestar Español, a razón de esas pensiones.
El Estado de Bienestar, es un modelo de Gobierno, que adopta un conjunto de decisiones y/o acciones con el fin de cubrir las necesidades básicas de sus ciudadanos. Entre los pilares más importantes de este modelo, se encuentra la prestación de servicios públicos gratuitos, especialmente de salud y educación, y la protección de los trabajadores a través de prestaciones laborales, con el fin de garantizar un futuro digno a los ciudadanos y mejorar su calidad de vida.
En los últimos tiempos, las crisis económicas, la pandemia mundial, la velocidad de nuestras vidas, ha hecho que todos los ciudadanos nos preocupemos por el gasto social que ha provocado estas situaciones tan recientes y delicadas. Esta preocupación que se acentúa con el uso de la tan famosa “hucha de pensiones”, ha derivado en que el Gobierno de España cree un nuevo impuesto social denominado “Mecanismo de Equidad Intergeneracional” (MEI)
Este mecanismo (MEI), se incluyó en la Ley 31/2022 de Presupuestos Generales del Estado para 2023, se recogió su aplicación conforme a lo dispuesto en la disposición final cuarta de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, y entró en vigor el pasado 1 de enero de 2023.
El MEI consiste, en un conjunto de medidas, que en principio se mantendrán durante los próximos diez años (periodo comprendido entre los años 2023 y 2032), para que todos los trabajadores, sus empleadores, así como profesionales autónomos, asuman en parte el peso de las pensiones. Será un trabajo de toda la sociedad, colaborar a que el sistema se mantenga. Es una medida que ha pasado desapercibida, si bien afecta de forma directa a los salarios y al coste que asumen las empresas.
En este sentido, el MEI se refleja en forma de cotización adicional de 0,6 %, sobre el salario bruto, siendo un 0,5% correspondiente a pago por parte de la empresa y un 0,1% correspondiente a pago por parte del trabajador.
A modo de ejemplo, y tomando como referencia un salario bruto de 2.000 euros, supone una cotización mensual de doce euros de más, de los cuales dos euros son a cargo del trabajador y los diez euros restantes corren a cargo de la empresa.
Con este mecanismo, se pretende reforzar a largo plazo, los ingresos a la Seguridad Social, cuyo fin es ayudar a afrontar las jubilaciones entre 2023 y 2050.
El dinero recaudado que irá a la “hucha de las pensiones” y que supone un coste cierto, en estos momentos complicados de inflación, pretende obtener un beneficio a largo plazo para todos los ciudadanos. Con el paso del tiempo se comprobará si esta medida ha conseguido el objetivo que pretende.